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Dos disturbios en el Congreso, dos respuestas distintas

El lunes se cumple un año desde que miles de manifestantes de derecha ataviados con los colores de la bandera brasileña irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y las oficinas presidenciales de Brasil con una furia violenta y el objetivo de anular unas elecciones.

El sábado se cumplieron tres años desde que miles de estadounidenses hicieron prácticamente lo mismo.

Fueron dos ataques estremecedores contra las dos mayores democracias del hemisferio occidental, ambos eventos circularon por todo el mundo y ambos fueron provocados por presidentes que habían cuestionado sus derrotas electorales legítimas. Cada uno representó una prueba extraordinaria para la democracia de su país y cada uno planteó la cuestión de cómo seguiría adelante una sociedad profundamente polarizada tras semejante asalto.

Con el tiempo, la respuesta a esa pregunta va quedando clara: los atentados paralelos han tenido secuelas casi opuestas.

En Estados Unidos, el apoyo a la campaña de Donald Trump para volver a ocupar la Casa Blanca se está disparando. Trump ha planteado la idea de que su derrota en las elecciones de 2020 fue la verdadera insurrección y ha dicho que el 6 de enero fue “un hermoso día”.

Al mismo tiempo, su homólogo en Brasil, el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, se ha desvanecido con rapidez en la irrelevancia política. Seis meses después de dejar el cargo el año pasado, las autoridades electorales le prohibieron volver a presentarse hasta 2030, y muchos líderes de derecha lo evitan.

Entre los ciudadanos, las opiniones sobre los dos disturbios —el 6 de enero de 2021 y el 8 de enero de 2023— también tomaron distintos rumbos. Según encuestas recientes, el 22 por ciento de los estadounidenses dicen ahora que apoyan el ataque del 6 de enero, mientras que en Brasil, solo el 6 por ciento respalda a los alborotadores del 8 de enero.

¿Por qué se han producido reacciones tan opuestas ante amenazas tan similares? Los investigadores y analistas señalan una variedad de razones, como los diferentes sistemas políticos, el panorama mediático, las historias nacionales y respuestas judiciales de los países, pero hay una diferencia que llama especialmente la atención.

Los líderes de la derecha brasileña “aceptaron pública, clara e inequívocamente los resultados de las elecciones e hicieron exactamente lo que se supone que deben hacer los políticos democráticos”, dijo Steven Levitsky, profesor de gobierno en Harvard y coautor del libro Cómo mueren las democracias, que estudia tanto la democracia estadounidense como la brasileña. “Eso es notablemente distinto de cómo respondieron los republicanos”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la sede presidencial tras los disturbiosCredit…Eraldo Peres/Associated Press

La noche después de los disturbios del 8 de enero, el presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, marchó codo a codo por la plaza central del gobierno federal con gobernadores, líderes del Congreso y jueces tanto de izquierda como de derecha, en una muestra de unidad contra el ataque.

En las horas posteriores a los disturbios del 6 de enero en Estados Unidos, algunos congresistas republicanos votaron en contra de certificar la victoria electoral del presidente Joe Biden y, desde entonces, los republicanos han tratado cada vez más de reformular la insurrección como un acto patriótico o incluso como un autoatentado de la izquierda.

Ciro Nogueira, un político de derecha que fue ministro jefe de la Casa Civil saliente de Bolsonaro y ahora es líder de la minoría del Senado brasileño, dijo que la reacción en Estados Unidos le sorprendió.

“Hay unanimidad en la clase política de nuestro país a la hora de condenar esos actos”, dijo. “Me parece muy mal que algunos políticos estadounidenses aplaudan este tipo de manifestaciones”.

Especuló que Brasil reprendió enérgicamente a los alborotadores porque muchos brasileños tienen edad suficiente para recordar la violenta dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985. “Estados Unidos no vivió una dictadura, un periodo autoritario”, dijo. “No queremos que eso vuelva a nuestro país”.

Los analistas también señalaron que la fragmentación política de Brasil —en el Congreso están representados 20 partidos diferentes— hace que los políticos estén más dispuestos a enfrentarse entre sí y a expresar una gama más amplia de opiniones, mientras que los conservadores estadounidenses están en gran medida confinados en el Partido Republicano.

Al mismo tiempo, señalaron que los principales medios de comunicación están menos fragmentados en Brasil, lo que, según ellos, ha contribuido a que una parte más amplia del público esté de acuerdo en un conjunto común de hechos. Una cadena de noticias por lo general centrista, Globo, tiene una cuota de espectadores dominante, con índices de audiencia que a menudo superan, sumados, a los de las cuatro cadenas siguientes.

Pero hay otra razón por la que Brasil ha rechazado de manera tan firme los disturbios del 8 de enero, un factor que algunos temen que pueda representar su propia amenaza involuntaria para las instituciones del país. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha ampliado su poder para investigar y procesar a las personas que considera amenazas para la democracia.

Este enfoque ayudó a mitigar las denuncias de fraude en torno a las elecciones brasileñas de 2022, ya que un juez del Supremo Tribunal Federal en particular, Alexandre de Moraes, ordenó a las empresas tecnológicas que retiraran los mensajes que difundieran tales falsedades. De Moraes ha dicho que ha visto cómo la desinformación en línea erosionaba la democracia en otros países y que tiene la intención de que eso no ocurra en Brasil.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, ha defendido la “reacción enérgica” del tribunal ante los disturbios, que incluyó exigir a las empresas tecnológicas que eliminaran las publicaciones que difundieran desinformación.Credit…Dado Galdieri para The New York Times

Como resultado, los tribunales brasileños han ordenado recientemente a las empresas tecnológicas que eliminen cuentas en uno de los porcentajes más altos del mundo, según información de Google y Meta, propietaria de Instagram.

De Moraes también ha supervisado la investigación sobre el 8 de enero. (En algunos casos en Brasil, el papel de los jueces del Supremo Tribunal Federal puede parecerse tanto al de fiscales como al de magistrados).

Un año después de los disturbios de Brasil, 1350 personas han sido acusadas y 30 condenadas, con penas que oscilan entre 3 y 17 años. En Estados Unidos, después de tres años, unos 1240 alborotadores del 6 de enero han sido acusados y 880 condenados o se han declarado culpables. Las condenas han oscilado entre unos pocos días y 22 años.

La semana pasada, De Moraes concedió una serie de entrevistas en las que arremetió contra los alborotadores que eran acusados en casos que estaba ayudando a juzgar, llamándolos “cobardes” y “enfermos” que los habían amenazado a él y a su familia. También dijo que las medidas adoptadas por el Supremo Tribunal Federal —un grupo de 11 jueces de todo el espectro ideológico— eran cruciales.

“No tengo ninguna duda en decir que si no hubiera habido una fuerte reacción de las instituciones, hoy no estaríamos hablando aquí. El Supremo estaría cerrado y yo, como han demostrado las investigaciones, no estaría aquí”, dijo en una entrevista, señalando que algunos alborotadores habían querido matarlo.

Treinta senadores conservadores de Brasil publicaron el viernes una carta en la que condenaban los atentados del 8 de enero, pero cuestionaban el creciente poder del Supremo Tribunal Federal. Expertos jurídicos de todo Brasil han debatido si las medidas del tribunal están justificadas dada la amenaza o si constituyen un nuevo problema en sí mismos.

“Creo que hay problemas en la actuación del Supremo, que hay problemas en esta concentración de poderes por parte del ministro Alexandre de Moraes”, dijo Emilio Peluso, profesor de derecho constitucional de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. “Pero creo que el Supremo realmente tenía que dar una respuesta firme a lo que ocurrió el 8 de enero”.

De Moraes también dirigió el tribunal electoral, que en junio votó a favor de impedir que Bolsonaro se presentara en las próximas elecciones presidenciales. Cinco de los siete jueces del tribunal dictaminaron que Bolsonaro había abusado de su poder cuando, antes de las elecciones de 2022, atacó los sistemas de votación de Brasil en un discurso emitido por la televisión estatal.

Levitsky, el profesor de Harvard, dijo que el planteamiento de Brasil se parece a la doctrina de la “democracia militante” desarrollada en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial para combatir el fascismo, en la que el gobierno puede prohibir a los políticos considerados una amenaza.

Estados Unidos ha optado por dejarlo en manos de los votantes, aunque los tribunales de todo el país se están pronunciando ahora sobre la elegibilidad de Trump, y se espera que, al final, la Corte Suprema de EE. UU. decida sobre el asunto.

A medida que el apoyo político de Bolsonaro se desvanece —y a medida que se enfrenta a una serie de investigaciones penales, incluida una relacionada con el 8 de enero—, ha dejado en gran medida de afirmar haber sido víctima de fraude electoral.

Al mismo tiempo, con el respaldo de sus compañeros republicanos, Trump ha intensificado sus mentiras. El viernes, en un mitin de campaña, calificó de “rehenes” a las personas encarceladas por los cargos del 6 de enero y afirmó falsamente que el movimiento antifa de extrema izquierda y el FBI “dirigían el ataque” en los disturbios. “Ustedes vieron a la misma gente que yo”, dijo a sus seguidores.

Una encuesta realizada el mes pasado mostró que una cuarta parte de los estadounidenses cree ahora que agentes del FBI “organizaron y alentaron” el atentado del 6 de enero.

Para Levitsky, esa estadística ilustra lo que Estados Unidos puede aprender de Brasil en este caso: “Lo que los líderes dicen y lo que los líderes hacen importa”.

Paulo Motoryn colaboró con reportería desde Brasilia.

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